diciembre 03, 2015

Foro Estado Laico Intervención de Jorge Villamizar


Ya algo hemos hablado en Motor de Pensamiento sobre la problemática que se vive en los colegios públicos y sobre el irrespeto al principio laico del Estado;  compartimos el vídeo de la intervención de Jorge Villamizar en el foro “estado laico y libertad de cultos en Colombia”





LA NORMA:

El decreto 4500, que reglamenta la educación religiosa, es claro:

A los estudiantes se les debe dar un plan alternativo cuando deciden no cursar la educación religiosa oficial del colegio.

A la hora de la matricula los estudiantes y acudientes deben ser informados de que pueden solicitar no cursar educación religiosa.

La clase, incluso la de religión, no puede ser usada para promover un credo específico.

Además las entidades públicas no pueden impulsar, con sus acciones y con sus recursos ninguna religión.

LA REALIDAD:

Se obliga a los estudiantes a cursar religión

No se les informa de las alternativas que legalmente tienen

Se gasta tiempo y dinero en actos religiosos en los colegios: misas, novenas, imágenes…

Se crean planes de área diseñados por católicos y para católicos, con el auspicio de las secretarias de educción (caso Medellín) y en coautoría con la curia. ¿se gastan dineros públicos en asesorías de la iglesia católica? ´ 

octubre 13, 2015

APOYO A GONZALO ÁLVAREZ HENAO PARA EL CONCEJO DE MEDELLÍN

Con motivo de las próximas elecciones invito, respetuosamente, a los amigos de la ciudad de Medellín a apoyar al candidato al Concejo Gonzalo Álvarez Henao, quien tiene una clara posición  de respeto y defensa de la vigencia del principio laico del Estado, el cual reconoce como uno de los grandes avances de la constitución de 1991.

En una ciudad tan conservadora y clerical como la nuestra, es un hecho feliz, encontrar un político honesto, comprometido con la defensa de lo público y con una posición clara sobre asuntos como los que nos convocan a quienes, de una u otra manera, exigimos la separación real entre iglesias y Estado, reivindicamos la vigencia del principio laico de nuestra constitución y la necesidad de la primacía de la razón y el libre pensamiento sobre el prejuicio, el tabú y la superchería.


Fraternalmente
Jesús Villa




octubre 07, 2015

CAMPAÑA: QUE EN BELLO SE RESPETEN LOS DERECHOS SINDICALES Y DE ASOCIACIÓN

Un saludo para todos los amigos y lectores de MOTOR DE PENSAMIENTO,  hoy escribo para denunciar una grave situación de violación de los derechos sindicales y de asociación que se está presentando en el Municipio de Bello – Antioquia, y para invitarlos a apoyar la campaña de recolección de firmas que se viene desarrollando.



El ejercicio y protección de los derechos sindicales y de asociación son parte fundamental de la democracia, máxime si se trata de un país como Colombia, donde la persecución y violencia antisindical alcanzan índices alarmantes; de allí que es de suma importancia que el Estado, y en este caso, el Municipio de Bello, garantice dichos derechos.

Exigimos comisión sindical para la directiva de Adida

 Gloria Ines Barriga y el 

Ejecutivo de la CUT Antioquia German Marin







junio 19, 2015

EL PROBLEMA DE LA FUNDAMENTACION DE LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHOS HUMANOS EN LAS SOCIEDADES LIBERALES

EL PROBLEMA DE LA FUNDAMENTACION DE LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHOS HUMANOS EN LAS SOCIEDADES  LIBERALES

      



“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.  La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sea cual fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y  proteger todos los derechos humanos  y las libertades fundamentales”

DECLARACION Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA.
 (Parte I, Parágrafo. 5)



  
   Los derechos económicos sociales y culturales cuyo objetivo primordial es asegurar la plena protección de la persona humana, tienen como base o Petitio Principii la idea de que es posible gozar de derechos políticos, libertades civiles y justicia social simultáneamente, y que, con el postulado de  la dignidad inherente a la persona humana, estas tres generaciones de derechos adquieren una fundamentación filosófica plena.

   A partir del supuesto anterior, en la actualidad, y así se expresa en la legislación internacional, los derechos sociales, económicos y culturales están, en términos formales, plenamente reconocidos y han adquirido un carácter vinculante para  el actuar interno y externo de los diferentes estados sin importar cual sea su régimen político.

   Sin embargo, los derechos civiles y políticos, en su desarrollo, han alcanzado una mayor repercusión que los derechos económicos, sociales y culturales, hasta el punto de llegarse a considerar a estos últimos como “derechos de segunda categoría” lo que se hace visible en su no inclusión inmediata como derechos fundamentales positivos en muchas constituciones occidentales.

   En el fondo del distanciamiento entre el trato real que se ha dado a estos derechos y su expresión formal en la legislación internacional se encuentra el problema de su fundamentación: esta no es aun completa, pues la idea de la dignidad humana parece no bastar para justificar la implementación real de dichos derechos.

   Los derechos humanos en general, en la legislación internacional tienen como cimiento la idea de la dignidad humana, determinándose a partir de ella su contenido y su alcance; siendo precisamente en este punto (del contenido y alcance de los derechos humanos) donde se encuentran las principales objeciones a la inclusión de los derechos sociales como derechos humanos fundamentales.

   Estas objeciones se expresan en la cuestión básica de sí la idea de la dignidad humana permite que bajo la categoría de derechos humanos fundamentales se puedan acoger reivindicaciones tales como las prestaciones sociales, lo cual equivale a preguntarse si los derechos sociales son necesarios para posibilitar el pleno desarrollo del individuo como miembro de la especie humana, o si por el contrario, las prestaciones sociales deben hacer parte de un tipo de derechos diferente a los derechos fundamentales, como sucede de hecho en los Estados liberales y en Colombia, donde quedan claramente separados en dos capítulos diferentes de la Constitución nacional, los derechos fundamentales y los derechos sociales, económicos y culturales garantizándose luego la aplicación inmediata y la protección efectiva de los primeros en los artículos: 85 y 86 respectivamente.

   En este articulo, se explorara el problema de la fundamentación de los derechos sociales como derechos humanos a partir de dos ejes discursivos principales: la idea de la dignidad humana como condición de posibilidad de los derecho humanos y  los tipos de sociedad y de Estado como aquello que  determina cual sea el alcance y contenido de los mismos. El primero se referirá a la posibilidad formal  y el segundo a la posibilidad real de los derechos humanos-sociales, tratando no solo de describir estos dos ejes discursivos sino de observar como ambos en conjunto se constituyen en el punto clave para poder hablar de un verdadero reconocimiento de los derechos sociales como derechos humanos fundamentales.

   Para esto se restringirá el alcance de este articulo a la relación problemática que se ha establecido entre  el Estado liberal y los derechos sociales a partir de la creencia de que este tipo de derechos entra en contradicción con las libertades individuales que se expresan en derechos civiles y políticos (propiamente liberales) tales como: la libertad física de ir y venir, o la acción contra la esclavitud, el habeas corpus, la familia, la propiedad privada, el derecho a establecer contratos, la libre empresa, las libertades de: conciencia, culto, enseñanza,  prensa, reunión y asociación, la aptitud para empleos públicos, el derecho a elegir y ser elegido, entre otros. Que se supone serian perjudicados por una implementación real  los derechos sociales o más bien por la reivindicación por prestaciones sociales que estos implican[1]

   Antes de continuar es necesario hacer dos aclaraciones: en primer lugar si se quiere ser consecuente con aquello de que “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí”[2] es imposible sostener la pretensión de que un Estado, que reconoce unos ciertos derechos humanos, al momento de verse llamado a reconocer otros tenga que sacrificar los primeros, pues esto además de ser contradictorio seria absurdo[3]  y lo único que se lograría  seria hacer del problema de los derechos sociales algo insoluble o crear un círculo vicioso (lo que termina siendo lo mismo)

   El primer caso  se daría cuando, pensando en la defensa de los derechos individuales y en especial de la propiedad privada, se llegue a negar de manera rotunda el reconocimiento de los derechos sociales. El segundo caso se daría cuando el reconocimiento de los derechos sociales se considere algo fundamental que debe realizarse incluso sacrificando las libertades individuales, lo cual lo único que lograría seria cambiar el problema del reconocimiento de los derechos sociales al problema del reconocimiento de las libertades individuales

   En segundo lugar, conforme a lo que se acaba de señalar en la aclaración anterior, en el presente articulo no se tratará de explorar una perspectiva de justificación de los derechos sociales a partir de una ruptura radical con el Estado liberal, sino que, más bien a partir de este se indagara por la posibilidad de una fundamentación de los derechos sociales  que permita que las personas puedan gozar  de derechos, libertades y justicia social simultáneamente.


La idea de la dignidad humana como condición de posibilidad para la existencia de los derechos humanos


   La existencia de un derecho natural, que nazca con todos nosotros y que la Razón pueda señalar como su legitimo portador en todo tiempo y lugar al hombre por el valor de ser hombre insustituible e inintercambiable, que no se constituye a partir del mero poder o voluntad, sino, desde la Razón, desde su espontaneidad y autolegalidad, es lo que se encuentra como fundamento de los derechos humanos.

   Ni el poder, por ejemplo, en las manos de un soberano absoluto ni ningún acto de la voluntad, pueden acabar con la realidad objetiva de la dignidad humano ni con los derechos inalienables que de esta se desprenden; a lo sumo pueden ocultarla, maltratarla  e incluso olvidarla por generaciones, como de hecho ha sucedido y sigue sucediendo en muchas sociedades, sin embargo, esto no significa que la idea de la dignidad humana pierda su valor y tenga que ser desechada como fundamento legítimo de los derechos humanos, sino que, esta fundamentación es incompleta y por ende tiene que tomar una forma diferente.

   La idea del derecho natural racionalista, exagerando un poco su inocencia, supondría que el hombre por ser hombre, posee unos derechos inalienables que todos felizmente aceptarían y otorgarían a los demás; cosa que como era de esperarse nunca se dio en ninguna sociedad y que tampoco se logró dándole al Estado la función de vigilar estos derechos.

  Además de las objeciones que juzgan como insuficiente la fundamentación de los derechos humanos como derechos naturales que se desprenden directamente de la idea de la dignidad humana, por su falta de efectividad en el mundo real,  hay otra importante objeción que se coloca frente a este tipo de fundamentación, que consiste, mas o menos, en lo siguiente: si hay unos derechos que le son naturales al hombre, estos deben valer incluso en momentos pre-sociales y pre-estatales, sin embargo, sin un ente orgánico que sirva de medio para reclamar y otorgar a los demás hombres dichos derechos a la vez que de ambiente propio para su ejercicio, este tipo de fundamentación se quedaría sin ninguna posibilidad de aplicación y se caería, pues estaría requiriendo, para ser valida, de algo que no está implícito en su propia lógica, es decir, necesitaría de las construcciones sociales y estatales.

   Con lo anterior podría creerse que los derechos humanos no pueden ser fundamentados tomando como punto de partida la idea de la existencia de unos ciertos derechos que le son naturales al hombre precisamente por ser hombre, y que por ende, debería colocarse como base de su fundamentación alguna otra idea ¿la libertad, la igualdad, la justicia? O ¿alguna moral? , no obstante estas dos cosas son fines y medios respectivamente de los derechos humanos y en ningún momento pueden ser la base de su fundamentación  (incluso puede pensarse que se desprenden de la misma idea de la dignidad humana)

   Sin embargo, la idea de la dignidad humana como base para la fundamentación de los derechos humanos no ha perdido su valor, y, es mas, debe seguir siendo considerada como de vital importancia para la misma, aunque para ello tiene que tomar una forma diferente.

   Esta claro que la idea de la dignidad humana y de los derechos humanos como construcciones puramente racionales  se agotan en lo formal y que por si solos  no pueden actuar efectivamente en el mundo real; siendo en este punto donde se hace  necesario introducir un cambio en la forma de tratar estas ideas, lo cual se constituirá en el eje, propiamente dicho, de la propuesta que aquí se viene desarrollando.  Ya no serán pensadas como el fundamento único y acabado   del cual debería seguirse inmediatamente el reconocimiento de los derechos humanos en general, incluidos los derechos sociales, pues como se ha visto, no logran hacerlo de una manera efectiva, sino que, se asumirá la idea de la dignidad humana como el fundamento no acabado de los derechos humanos, es decir, como aquello que posibilita la existencia de unos derechos humanos pero sin determinar aun su alcance y su contenido 


Los tipos de sociedad y de Estado como base para la realidad de los derechos humanos

   Hasta ahora tenemos determinados los derechos humanos como mera posibilidad que encuentra su condición en la idea de la dignidad humana, sin embargo, su alcance y contenido permanece aun indeterminado.

   Qué derechos o qué reivindicaciones puedan ser reconocidos como derechos humanos  fundamentales, depende precisamente del segundo eje discursivo que se mencionaba líneas atrás, es decir, de los tipos de sociedad y de Estado:

   En general los hombres en diferentes épocas y lugares tienden a llegar a acuerdos, implícitos o explícitos, en torno a la existencia de ciertos intereses cuya protección se hace necesaria para el feliz desarrollo de los individuos como miembros de la especie humana, expresándose estos acuerdos en los diferentes tipos de sociedad y de Estado.

   Los Estados liberales, que juegan un papel central en la problemática  sobre el reconocimiento de los derechos sociales como derechos humanos fundamentales, son justamente el resultado de un acuerdo de este tipo.  Desde el punto de vista liberal es ante todo la libertad, como ausencia de coacción, el interés que  se considera necesario defender para que los individuos puedan construir un proyecto de vida propio y en consecuencia tengan la posibilidad de desarrollarse plenamente como miembros de la especie humana.  Esta liberta, por definición negativa, se refiere a la situación en que un hombre puede actuar según sus propias decisiones y planes sin que la voluntad de ningún otro, incluido el Estado, de modo arbitrario, lo coaccione para que actúe o deje de actuar de alguna manera especifica.  La coacción se constituye entonces, desde el punto de vista libera, en lo único que realmente puede poner en peligro la libertad del individuo, dejándose de lado  la posibilidad física, en virtud de la cual un individuo puede elegir, que como se vera,  está directamente relacionada con los derechos sociales.

   El que una persona sea libre, según la idea liberal de libertad,  no depende entonces de cual sea el alcance de su elección, es decir, de qué pueda elegir realmente,  sino, de que esté garantizada la posibilidad  de elegir.  En resumen, esta libertad consiste  en que exista la posibilidad formal de hacer algo  sin importar si hay o no la posibilidad real para hacerlo.

   El hecho es que en torno a la idea de libertad como ausencia de coacción se han creado sociedades donde la búsqueda, libre de fines  (proyectos de vida individual)  se acuerda como algo digno del mutuo respeto, en tanto se cree es lo único que puede posibilitar el pleno desarrollo de los diferentes individuos

   Por definición, los fines que  un hombre puede buscar son abiertos y variables, siendo esta la base de lo que Hayek llama:”El poder creador de la civilización libre”[4] . “Que puedan surgir nuevos fines, producto  de esfuerzos conscientes, debidos al principio a unos pocos individuos y que con el tiempo llegan a ser los fines de la mayoría “[5] es algo que este autor señala como propio de una sociedad libre.  En ellas son sometidos a constante prueba los inventos de la civilización en busca de los diferentes fines humanos del momento, rechazándose los inventos inefectivos y conservándose los efectivos.

   La creación de nuevos fines y necesidades,  que con el tiempo, en algunos casos, pueden llegar a convertirse en derechos, parte de la acción consciente o inconsciente de las élites poseedoras de una mayor cantidad de conocimiento acumulado y de mayores medios materiales; esto es observable por ejemplo en el desarrollo del ideal moderno de ciudadanía liberal y de los derechos fundamentales que le corresponden.  Derechos tales como: el derecho a petición, a seguridad jurídica, a reunirse en asambleas, a libertad de expresión y a la privacidad, fueron en un comienzo, antes de las revoluciones democráticas, derechos aristocráticos exclusivos de la nobleza, que con el tiempo, el desarrollo de las primeras monarquías parlamentarias y las diferentes declaraciones de derechos, llegaron a convertirse en derechos fundamentales reconocidos a todos los  ciudadanos.

   A partir de la necesidad de los diferente individuos de proteger sus intereses, buscar sus propios fines y en general, resguardar su libertad frente a la posible intervención arbitraria de otros o del Estado, surge el Estado de derecho como una forma de organización política, sustentada en un estricto sistema de límites donde los derechos y libertades de los ciudadanos son los más importantes, constituyéndose el derecho y la ley (en tanto encarnación de la voluntad racional de los hombres libres) en aquello que determina la sujeción a las instituciones políticas en oposición al mero poder del absolutismo.  Las relaciones entre los diferentes individuos y entre estos y el  Estado, se dan entonces en pie de igualdad en tanto el derecho cobija tanto a los ciudadanos como a los titulares del poder.

   Sin embargo, además de las innegables ventajas  que han demostrado tener las sociedades liberales sobre todo en el campo económico, donde la libre competencia se ha constituido en el factor esencial para que el capitalismo rebasase en efectividad, estrictamente económica, a otros modelos de producción, también es un hecho que la igualdad formal ha repercutido en desigualdad real.

   La  libertad real se ha convertido en un privilegio (derecho) exclusivo de las élites que poseen los medios materiales para su ejercicio, a la vez que se ha convertido en un fin a ser conseguido para una inmensa masa de personas, que, ya sea por una desigualdad previa o heredada del pasado en la distribución de las oportunidades vitales, por un fracaso en la libre competencia en el mercado, por la acción deliberada de otro o por la parcialidad del Estado[6], carece de los medios materiales necesarios para un ejercicio real de su libertad.

   La búsqueda de los medios materiales necesarios para un ejercicio real de la libertad se expresa en la reivindicación por prestaciones sociales, implícita en el reclamo de derechos sociales.  La lucha por el reconocimiento de estos derechos  como derechos humanos al interior de los Estados liberales, equivale entonces, a la lucha de una inmensa mayoría de las personas por que  la libertad real, hasta ahora un derecho aristocrático de las elites, se convierta en un derecho fundamental de todos los ciudadanos.

   Así como los derechos y libertades individuales solo lograron su completa fundamentación como derechos humanos cuando la sociedad, por medio del Estado de derecho, los instaura y defiende como valores necesarios para el pleno desarrollo del individuo como miembro de la especie humana. Los derechos sociales solo lograran su completa fundamentación, cuando se lleve a la realidad la posibilidad que abre la idea de la dignidad humana de que estos derechos existan, es decir, cuando las formas de sociedad y de Estado, determinen que el alcance y contenido de los derechos humanos  abarque a los derechos sociales, lo cual equivale a decir que es necesario un cambio al interior del Estado liberal para que se de una fundamentación completa de los derechos sociales, pues, como ya se ha dicho antes, no es suficiente con que se argumente a partir de la  idea de la dignidad humana, que el hombre por ser hombre posee unos ciertos derechos que le son inalienables,  entre ellos los derechos sociales, si esto no queda refrendado por la realidad

   Puede decirse en contra de lo anterior, que la desigualdad es fruto del uso que cada individuo ha hecho de su libertad, por ejemplo: cuando arriesgando en el mercado se fracasa quedando en una situación de desventaja; o por el contrario se   triunfa hasta el punto de adquirir poder suficiente para someter a los demás a la búsqueda de sus propios fines, y que por lo tanto, la desigualdad y la carencia  de una libertad real para desarrollar sus propios proyectos de vida, que afecta a la mayoría, no ha sido causada por el orden estatal ni por la libertad e igualdad formal que este defiende sino por el uso que cada uno ha hecho de ella. Incluso, desde un punto de vista más neoliberal se argumenta que la desigualdad es “buena”, que produce un constante incremento de la riqueza material al dinamizar los mercados y mantener la constante competencia, aumento de riqueza que, tarde o temprano, beneficiará a toda la humanidad, cosa que es bastante cuestionable, pues, como lo ha demostrado la historia, los periodos de mayor  producción de riquezas son también los periodos donde el capital más se acumula y se acentúan con mayor fuerza las desigualdades.

   No obstante lo anterior, así sea cierto, no puede servir de defensa para el orden establecido. Es palpable como las reivindicaciones sociales y en general, la búsqueda de los medios materiales que permitan un ejercicio real de la libertad, han sobrepasado los límites del Estado liberal, manifestándose no solo por los medios legales que proporciona el Estado de derecho, sino por medio de brotes de violencia, en ocasiones aislados y en otras continuos y organizados,  por parte de  quienes, apoyándose en su derecho de resistir el poder público, no encuentran otro medio de expresar sus reclamos

   En esa medida, no se puede decir que el Estado de derecho ha sido roto por la acción de unos “malos por naturaleza” sino que, él mismo (como invento) ha sido rebasado por los nuevos fines humanos, entre ellos la libertad real que se reclama por medio de los derechos sociales y, por ende, debe ser reemplazado o por lo menos reformulado, para que logre responder a estos nuevos fines, lo cual repercute en la creación de nuevas formas de entender la ciudadanía y el derecho, revisar la función social que puede tener el mercado, ampliar las funciones del Estado de lo meramente negativo a lo positivo como lo son  las políticas de desarrollo humano y asistencia social y, en general, todos los procesos que deberían darse con el paso del Estado de derecho al Estado social de derecho.

   Pues como señala Dahrendorf  “El contrato social no es un esqueleto inamovible del cuerpo político. No está ahí de una vez por todas, sino que está sujeto a cambios (...) No es la base de la sociedad, sino el sujeto de la historia.  Lo escriben y reescriben todas las generaciones una a una. Sus elementos más duraderos son, en el mejor de los casos, como una gramática para la sociedad; todo lo demás es variable, susceptible de mejorar, aunque también de empeorar.  La cuestión no está en si debemos volver a las cláusulas perpetuas del contrato social, sino en, como podemos redactar de nuevo dichas cláusulas con el fin de hacer que la libertad progrese bajo distintas condiciones”[7]




BIBLIOGRAFIA

BERLIN, Isaiah.  Dos conceptos de libertad. Madrid: Alianza Universidad. 1996.

DAHRENDORF. El conflicto social moderno. Ensayo sobre la política de la libertad. Madrid: Mondadori. 1988.

GOSEPSATH, Stefan. Consideraciones sobre las fundamentaciones de los derechos humanos sociales.  Traducción: Francisco Cortés Rodas, docente Instituto de Filosofía. Universidad de Antioquia.

HAYEK. F. A.  Los fundamentos de la libertad. Barcelona: Folio. 1996. 

MARX, K. ENGELS, F. Manifiesto del partido comunista. Moscú: Editorial Progreso. 1972.

ROBERT, Alexy. Teoría del discurso y derechos humanos. Santafé de Bogota: Universidad Externado de Colombia. 1995.






[1] Esto se hace más evidente en lo que se refiere a la propiedad privada,  en cuya defensa se erige gran parte de la resistencia y reserva liberal frente a los derechos sociales lo cual, obviamente, se manifiesta en la actitud de los diferentes Estados liberales frente a los mismos
[2] Vid: DECLARACION Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA. Parte I, Parágrafo. 5.
[3]  Ejemplos de esto serían que, un Estado liberal  al reconocer los derechos sociales tuviera que sacrificar la propiedad privada o cualquier  otra libertad o derecho individual,  o que un Estado socialista tuviera que sacrificar sus logros en el campo social  por reconocer la propiedad privada como derecho.
[4]HAYEK. F. A.  Los fundamentos de la libertad  I. Capítulo: 2. Folio, Biblioteca de Economía  Página: 40 ss.
[5] Ibíd. Página: 54
[6] Lo cual se da si se toma como cierta la afirmación de Marx y Engels según la cual “El gobierno del Estado moderno no es mas que una junta que administra los  negocios comunes de toda la clase burguesa”  (C. MARX y F. ENGELS. Manifiesto del partido comunista. Página: 32. Editorial Progreso. Moscú 1972)
[7] DAHRENDORF. El conflicto social moderno. Ensayo sobre la política de la libertad. Página: 49.  Mondadori. Madrid. 1988


Por: Jesús Alejandro Villa Giraldo 

Publicado en:
Revista Kabai, Universiad Nacional de Colombia, sede Medellin.
Revista Microfilosofia.



marzo 31, 2015

Secretaria de educación de Medellín, promueve eventos religiosos y suspende el servicio a los usuarios.

 En Antioquia y Medellín son comunes los eventos donde se desconoce el principio laico del Estado en las instituciones públicas y en particular en las instituciones educativas, observándose, en algunos casos, un claro alineamiento con doctrinas religiosas especificas, la no aplicación de la normatividad vigente sobre educación religiosa e incluso la promoción de entidades públicas como la secretaria de educación de Medellín de una fe particular.


En esta ocasión el hecho que voy a referenciar sucedió precisamente en la Secretaria de Educación de Medellín, que dicho sea de paso, es según concepto del Ministerio de Educación Nacional,  la encargada de garantizar que se respete el principio laico del Estado y la normatividad educativa vigente.
El día 4 de marzo se realizo en una de las sedes de la secretaria de educación de Medellín una eucaristía suspendiéndose por cerca de dos horas el servicio a los usuarios.

Al ser increpado, por algunos usuarios, un funcionario que se paso por la entrada, lo único que atino a decir es que estaban en una eucaristía que tuviéramos paciencia… como si esa fuera una justificación valida.

La situación de desconocimiento del principio del Estado laico y de clara vulneración de la normatividad vigente en materia de educación religiosa en Medellín parecer claramente ligada a la acción y/o omisión por parte de la entidad responsable de la educación en la ciudad. 

La Secretaria de Educación de Medellín y sus funcionarios deben recordar que la fe especifica que cada uno profese no debe afectar el cumplimento de sus funciones ni perjudicar la prestación del servicio, pues así se podrá avanzar un poco en garantizar una educación democrática y verdaderamente incluyente que solo se puede cimentar en que sea realmentelaica.

febrero 15, 2015

En la educación Pública se viola el principio laico del Estado, y quien debe vigilar y controlar se hace el de la vista gorda.

Ya en diversas ocasiones, en este blog, se han denunciado violaciones al principio laico del Estado operadas por instituciones y funcionarios públicos, y en particular hechos que suceden en establecimientos educativos que se han terminado convirtiendo en centros de favorecimiento e impulso de doctrinas religiosas particulares.

En Antioquia, región de amplia tradición católica es innegable la tozudez con que funcionarios públicos imponen de forma directa o velada sus propios prejuicios y convicciones religiosas.

En Medellín, por ejemplo, ya es bien sabido como los planes de Área de Educación Religiosa, son en buena medida, determinados por las orientaciones de la curia, lo que en última instancia, genera graves situaciones de violación a la libertad de cultos y a la laicidad del Estado.

En los últimos días se viene socializando los hechos sucedidos en una Institución educativa, el Distrito de Bogotá, por manoteo, por motivos religiosos, a menores de edad de una familia atea, lo cual ha supuesto la acción legal frente a la Institución, el Ministerio de Educación Nacional.

Recientemente viene circulando en redes sociales la imagen de unas calificaciones de un colegio de Bello Antioquia, donde se evidencia el claro alineamiento de la Institución con la doctrina jadeo-cristiana.



Frente a estos hechos, el Estado y sus Instituciones, poco ejercen su función de control y vigilancia, incluso son cómplices, como en el caso de Medellín, donde la misma secretaria de educación es quien ha incentivado el ingreso de la curia y sus orientaciones por medio de la Mesa de Educación Religiosa.

El Ministerio de Educación Nacional, cuando es requerido por hechos de este tipo, poca atención pone y saca el cuerpo “pasándole la pelota” a los entes territoriales, este es el caso de consultas realizadas personalmente por quien escribe estas líneas, en cuya respuesta se observó más el interés en justificar la existencia de la educación religiosa, la cual no está en discusión pues, aunque esté en desacuerdo, hace parte del orden legal educativo vigente, sin embargo, a la hora de abordar el tema de los abusos que se hacen en las Instituciones Educativas el MEN saca el cuerpo.

Hago un llamado a toda la ciudadanía, a que aprovechando el actual ambiente mediático que ha visibilizado un poco estas problemáticas, denuncie este tipo de prácticas, elabore derechos de petición para que se les explique el alcance y razones de ellas y entutele cuando considere que sus derechos o el de menores a su cargo, han sido vulnerados.

Finalmente, comparto un completo concepto que la personería de Medellín, me ha presentado como respuesta a una consulta que realicé, éste evidencia la problemática y da algunas luces de acción frete a ellas.

Ver también: Educación religiosa y evangelización, usando recursos del Estado para promover una fe específica




diciembre 20, 2014

Sitio web Nuevos Maestros por la Educacion

A todos los amigos docentes que frecuentan este blog los invito a visitar y seguir el sitio de Nuevos Maestros, en el que vengo participando de un tiempo para acá.


De igual manera, un saludo a todos los lectores y amigos de Motor de Pensamiento; desde ya espero, en 2015, continuar publicando y participando de diversos debates y campañas por la defensa del principio laico del Estado en Colombia.

Jesús Villa

diciembre 03, 2014

Manifiesto del Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia

MANIFIESTO-DECLARACIÓN DE 2014
En este “día internacional del  laicismo y de la libertad de conciencia” de 2014, denunciamos la vulneración que en todo el mundo se hace del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, fruto en muchos casos de la enorme influencia que las confesiones religiosas mantienen hacia los gobiernos, de forma muy diversa, marcando las políticas económicas, educativas, jurídicas, etc., en mayor o menor grado. Incluso, en pleno siglo XXI, hay Estados teocráticos y confesionales, en donde el dogma religioso es a su vez la ley civil y en donde el crimen contra la libertad de conciencia y todo tipo de derechos de ciudadanía, quebrantan el Estado de Derecho con toda impunidad.
Queremos reflexionar, compartir un sueño, una utopía universal, un proyecto político y jurídico, en donde la laicidad de las instituciones y la libertad de conciencia inunden todos los pueblos de la Tierra, con un total respeto hacia todo tipo de convicciones, en el marco de los principios democráticos, de justicia, de igualdad y de no discriminación, que proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Porque apostamos por la construcción colectiva, como ciudadanas y ciudadanos libres e iguales; porque defendemos la palabra, la racionalidad y la libertad de expresión como instrumento de comunicación y progreso en las ideas; porque apostamos por el respeto a la libertad de pensamiento y conciencia, como elementos básicos para la convivencia y la emancipación del ser humano; porque apostamos por una ética humana común a todas las personas; porque apostamos por la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos libres de fronteras, libres de discriminaciones; porque apostamos por un espacio común integrador de cuantas personas lo comparten; porque apostamos por la igualdad real ante la ley, la justicia social y la defensa de los derechos humanos universales.
El Laicismo es sinónimo de Democracia y supone una apuesta por lo público, por la “res pública”, marco común de derechos y deberes ciudadanos,  donde se dote de forma universal y sin exclusiones, de los servicios necesarios para una vida digna para todas las personas (educación, sanidad, asistencia social, vivienda, justicia...). 
En este año 2014,
Expresamente condenamos la impunidad con la que el Estado español trata a las víctimas de los crímenes internacionales o de lesa humanidad cometidos a partir del “golpe de estado” fascista y nacional-católico que derivó en la guerra y la dictadura. Hechos que también significan una atrocidad contra la libertad de conciencia, de pensamiento y expresión, y cuyos autores han vivido y aún viven en la más absoluta impunidad. Las recomendaciones de la ONU al Estado español, los exhortos de los tribunales de Ginebra, Estrasburgo y Buenos Aires, así como el pronunciamiento de numerosas entidades defensoras de los derechos humanos, insisten en la necesidad del reconocimiento político y jurídico de las víctimas del franquismo, y por tanto como sujetos de derechos, de manera que se permita juzgar dichos crímenes en el propio Estado español estableciendo los principios de Verdad, Justicia, Reparación (y no repetición), que aún se les debe. La creación de una Comisión oficial de la Verdad, con carácter y eficacia institucional, debe ser un instrumento para acabar con la justificación histórica y política de la barbarie.
Además y en la línea manifestada en años anteriores
Queremos reconquistar la idea originaria de la política, como forma de organización colectiva de nuestra sociedad, recuperando la soberanía, hoy arrebatada por los poderes económicos, financieros, religiosos o políticos. Una soberanía ciudadana que nos permita la toma de decisiones libre y responsablemente.
Deseamos que las personas decidan sus normas colectivas, sin las imposiciones morales de cualquier doctrina religiosa o ideológica de cualquier naturaleza.
Aspiramos a un modelo de Escuela y Universidad Públicas y Laicas, donde el conocimiento se construya desde la racionalidad, desde los métodos científicos y la filosofía humanista, no desde las creencias, que ya cuentan con sus propios lugares de culto: iglesias, templos, mezquitas, sinagogas...
Queremos, una efectiva orientación y formación afectivo-sexual para todas las personas y la libre decisión de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Y como defensores de una vida digna, también queremos una muerte digna, mediante el derecho a la eutanasia.
Exigimos un ámbito público institucional libre de simbologías particulares. Que los rituales civiles, con motivo de acontecimientos importantes, puedan tener su expresión neutral, con independencia de las ceremonias religiosas o de otra naturaleza ideológica, de quienes compartan una creencia particular. En esta línea reclamamos que los responsables políticos, en función de su responsabilidad pública, no utilicen símbolos religiosos, para prometer sus cargos, ni participen, de forma oficial, en acontecimientos de carácter religioso.
Pretendemos la neutralidad del Estado (de los Estados) en materia de convicciones. Para lo que debe eliminarse todo tipo de identificación, real o aparente, de éste, con cualquier convicción particular y, por lo tanto, debe suprimirse cualquier privilegio económico, tributario, jurídico, simbólico, etc. de las confesiones religiosas. Reclamamos, por tanto, una clara separación entre las religiones y los Estados. De ahí que Apostemos por una lucha permanente por la construcción de Estados verdaderamente laicos.
Queremos un espacio común y público de solidaridad, justicia social y compromiso, frente a la voracidad privatizadora del capitalismo depredador y frente a todas formas de beneficencia y de caridad.
Reclamamos iniciativas transformadoras que busquen la completa emancipación de la persona y la implantación -real- de los principios republicanos de libertad, fraternidad, igualdad y solidaridad, así como el ejercicio efectivo de todos los Derechos Humanos.
Estamos en deuda con quienes han luchado por un mundo más habitable, pacífico, libre  y han construido discursos cada vez más creíbles y necesarios, en los que se ha dado cabida a la diversidad humana en sus multiplicidad de convicciones.
Nuestro desafío consiste en extender el COMPROMISO con el LAICISMO, o lo que es lo mismo, con la Democracia Participativa, con los Derechos Cívicos y con las libertades, a personas, instituciones y organizaciones.

septiembre 02, 2014

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, 2 de septiembre de 2014, en el debate sobre la salud.

Cualquier usuario del sistema de salud colombiano en las modalidades del régimen contributivo y subsidiado, y también de los mal llamados regímenes especiales, es decir, quienes somos atendidos por las EPS, sabemos muy bien lo que es lograr una atención mínima, los tiempos de espera, las negativas, la tramitologia, los paseos de la muerte a que se somete a los pacientes.

En los últimos meses se ha visto como muchos hospitales públicos están en la práctica quiebra, y en diferentes regiones hospitales y clínicas públicas y privadas se declaran a punto del cierre de cuenta de las deudas de las EPS.

Así las cosas, algunos pretenden que seamos los ciudadanos quienes salvemos a los hospitales asumiendo la deuda de las EPS y hasta eliminar la tutela para la salud.

Muy diciente la intervención de Robledo

Los invito a verla, más allá de las diversas posturas políticas e ideológicas, lo que está sucediendo con la salud es gravísimo y nos afecta a todos.


Aunque la voz de Robledo es fuerte y clara, si los ciudadanos no nos tomamos esto en serio, la cómplice inoperancia de buena parte de los entes del gobierno y la confluencia de intereses de sectores de la clase política con las EPS, harán que el desangre a los recursos de la salud continúe y se convierta en una tragedia de proporciones aun mayores a las hasta hoy vistas.

agosto 26, 2014

BOLETÍN DE PRENSA: MOVIMIENTO CÍVICO DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA

MILLICOM CON UNA EMPRESA FACHADA DE UN CAPITAL DE 20 MIL EUROS Y UN OBJETO SOCIAL DISTINTO AL DE LAS TELECOMUNICACIONES, SE APODERÓ DE  UNE
 
Esto es como para Ripley, Millicom fusiónó una empresa  de garaje constituida en julio de 2013. Esto es, dos meses después de aprobado el Acuerdo 17 de 2013. El capital social de la flamante empresa es de 20 mil euros, que convertidos a pesos colombianos son $ 49.472.779, con  un objeto social distinto al de las telecomunicaciones, como quiera que su principal actividad, es: “La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de sociedades  y otras entidades, sean éstas residentes o no en territorio español”. Dejando íntegra a COLOMBIA MÓVIL - TIGO.
 
Este es un negocio redondo para Millicom: dueño del 49.9999% de la propiedad de UNE EPM Telecomunicaciones, y sólo tuvo que poner  20 mil euros más 1.4 billones, los que va a pagar por cuotas con las mismas utilidades de UNE; y quedó con la presidencia y la mayoría en la junta directiva de la nueva empresa. Mientras COLOMBIA MÓVIL TIGO  sigue prestando los servicios de telecomunicaciones de manera independiente, habida cuenta que no se integró a UNE, ni se disolvió. No obstante la Superintendencia de Industria y Comercio, haber aprobado la fusión UNE-COLOMVIA MÓVIL – TIGO.
 
En la parte resolutiva de la Resolución 24527 de 2014, se dispuso:
 
(…)   RESUELVE:
 
“ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la fusión por absorción entre UNE y COLOMBIA MÓVIL – TIGO en los términos descritos en el considerando SEGUNDO de esta resolución, sujeto al cumplimiento del condicionamiento previsto en el considerando DECIMO OCTAVO de esta Resolución”. MILLICOM no puede dejar por fuera de esta fusión, a COLOMBIA MÓVIL –TIGO.
 
Para respaldar esta denuncia, citaremos la parte pertinente de  la escritura N° 2471 del 14 de agosto de 2014, de la Notaría (26) de Medellín, tal como aparece en el certificado de existencia de la Cámara de Comercio de Medellín: “Por la cual se solemniza el acuerdo de fusión entre las sociedades UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A. (365172-4) como Absorbente y la sociedad  MILLICOM SPAIN CABLE S.L (ABSORBIDA) (Domiciliada) en España), la cual se disuelve sin liquidarse”. ¡Cómo la iban a liquidar, sino posee nada!
 
COLOMBIA MÓVIL- TIGO  se tiene que disolver e integrarse a UNE ¿O que nos digan el Gerente General de EMP y el Doctor Iriarte, si UNE fue vendida por  1.4 billones? No se puede hablar de una potente empresa de telecomunicaciones, cuando UNE se fusionó con una criatura minusválida y de otra especie.
 
 
 
GONZALO ÁLVAREZ HENAO                                                                JESÚS MARÍA  LÓPEZ VELÁSQUEZ
Presidente                                                                                                 Presidente, UNIGEEP
MOVIMIENTO CÍVICO DE MEDELLÍN                                                     UNIÓN SINDICAL GRUPO
Y EL ÁREA METROPOLITANA                                                                EMPRESARIAL EPM